- El proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 mantiene el esquema actual de financiamiento de las universidades públicas y crea mecanismos para garantizar nuevos recursos económicos.
- Fomentar y fortalecer la investigación e innovación en la educación superior y la productividad académica y la formación docente, otro de los objetivos de la propuesta.
- La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, aseguró que gracias a este proyecto, se espera que el Gobierno asigne más de 4 billones de pesos a la educación superior del pais
- . Con el fin de de asegurar la sostenibilidad de las instituciones y garantizar mayores oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes colombianos a la educación superior, la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó este lunes en el Congreso de la República el proyecto que reforma la Ley 30 de 1992, especialmente en lo relacionado con los recursos que necesitan las instituciones de educación superior (IES) para ofrecer un educación de calidad y pertinente con las necesidades del país.
La iniciativa -radicada ante la Secretaría General del Senado- fue trabajada de manera conjunta entre esas instituciones y el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), las asociaciones colombianas de Instituciones de Educación Superior con Formación Tecnológica (ACIET) y Técnicas Profesionales (ACICAPI), la Asociación Colombiana de Instituciones Universitaria Públicas y Privadas (ACIUP), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y representantes de los estudiantes.
De igual forma, y con el fin de conocer las experiencias que en materia internacional existen sobre financiación de la educación superior y su sostenibilidad, el Ministerio realizó el pasado 2 y 3 de marzo el Foro Internacional de Financiación de la Educación Superior al cual asistieron más de 500 personas entre expertos nacionales e internacionales (representantes gubernamentales y de ASCUN, el SUE, el ICESI, el ICETEX, el Banco Mundial, las universidades Nacional, Industrial de Santander, Minuto de Dios y directivos de Reino Unido, Australia, Chile, Francia, Brasil, Estados Unidos y Colombia, entre otros) y representantes de los estudiantes y las universidades.
Durante la radicación del proyecto de ley, Vélez White afirmó que con esta reforma el Ministerio calcula que "entre 2010 y 2019 se adicionarán más de $4 billones -nuevos a la educación superior
Durante la radicación del proyecto de ley, Vélez White afirmó que con esta reforma el Ministerio calcula que "entre 2010 y 2019 se adicionarán más de $4 billones -nuevos a la educación superior-, provenientes principalmente del presupuesto nacional".
La funcionaria explicó que con los recursos se busca asegurar mayores fuentes de financiación de las instituciones de educación superior del país y crear los mecanismos para un exitoso funcionamiento y gestión de las mismas, factores clave para lograr crear 500.000 nuevos cupos a 2019 y aumentar de 35% a 50% la cobertura en educación superior, mejorar la calidad de este nivel educativo y fortalecer la capacidad de la producción investigativa.
Con esta nueva inyección de recursos para la educación superior, el Gobierno espera garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior, enfrentadas al reto de mejorar su oferta tanto en términos de calidad como en cobertura. Para impulsar la calidad, la iniciativa establece mayores recursos para fortalecer el cuerpo docente y la investigación; mientras que en cobertura, se establecen mecanismos para crecer los cupos de 1'640.000 estudiantes de educación superior que hay en la actualidad a 2'140.000 en el 2019.
¿Qué cambia?
En términos generales la iniciativa mantiene el actual esquema de financiamiento de la educación superior y plantea nuevos mecanismos de financiación de las universidades públicas. Los puntos clave del proyecto que hará curso en las Comisiones Sexta del Senado y Cámara son:
En el artículo 86 se adiciona un parágrafo que establece que las entidades territoriales que tengan alguna deuda con las universidades estatales "deben ponerse al día con las obligaciones y continuar normalmente con los aportes".
* En el artículo 87, el proyecto plantea incrementos a los aportes adicionales que hace la Nación anualmente a las universidades públicas y que actualmente equivalen al 30% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). La iniciativa establece que en el caso de que el crecimiento sea mayor a 0 y menor de 5%, el aporte adicional será del 30% de dicho crecimiento; si el crecimiento real es igual o mayor a 5% y menor a 7,5%, el incremento será de 40%; mientras que si el crecimiento real es igual o mayor a 7,5%, el incremento será del 50%. Gracias a estos nuevos recursos, las instituciones verán fortalecidas sus finanzas para ejecutar estrategias para mejorar la calidad de sus servicios.
* Finalmente, el proyecto establece que los recursos que corresponden al 2% del presupuesto de las universidades públicas, que eran deducidos de sus presupuestos, no seguirán descontándose
La funcionaria explicó que con los recursos se busca asegurar mayores fuentes de financiación de las instituciones de educación superior del país y crear los mecanismos para un exitoso funcionamiento y gestión de las mismas, factores clave para lograr crear 500.000 nuevos cupos a 2019 y aumentar de 35% a 50% la cobertura en educación superior, mejorar la calidad de este nivel educativo y fortalecer la capacidad de la producción investigativa.
Con esta nueva inyección de recursos para la educación superior, el Gobierno espera garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior, enfrentadas al reto de mejorar su oferta tanto en términos de calidad como en cobertura. Para impulsar la calidad, la iniciativa establece mayores recursos para fortalecer el cuerpo docente y la investigación; mientras que en cobertura, se establecen mecanismos para crecer los cupos de 1'640.000 estudiantes de educación superior que hay en la actualidad a 2'140.000 en el 2019.
¿Qué cambia?
En términos generales la iniciativa mantiene el actual esquema de financiamiento de la educación superior y plantea nuevos mecanismos de financiación de las universidades públicas. Los puntos clave del proyecto que hará curso en las Comisiones Sexta del Senado y Cámara son:
En el artículo 86 se adiciona un parágrafo que establece que las entidades territoriales que tengan alguna deuda con las universidades estatales "deben ponerse al día con las obligaciones y continuar normalmente con los aportes".
* En el artículo 87, el proyecto plantea incrementos a los aportes adicionales que hace la Nación anualmente a las universidades públicas y que actualmente equivalen al 30% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). La iniciativa establece que en el caso de que el crecimiento sea mayor a 0 y menor de 5%, el aporte adicional será del 30% de dicho crecimiento; si el crecimiento real es igual o mayor a 5% y menor a 7,5%, el incremento será de 40%; mientras que si el crecimiento real es igual o mayor a 7,5%, el incremento será del 50%. Gracias a estos nuevos recursos, las instituciones verán fortalecidas sus finanzas para ejecutar estrategias para mejorar la calidad de sus servicios.
* Finalmente, el proyecto establece que los recursos que corresponden al 2% del presupuesto de las universidades públicas, que eran deducidos de sus presupuestos, no seguirán descontándose
Como era de esperarse, después de la discusión del proyecto a la reforma de la ley 30 de educación superior de 1992, dada entre el gobierno y los rectores de las universidades públicas y privadas, el gobierno desestimó los artículos polémicos como la autonomía universitaria, el ingreso de capital privado, el ánimo de lucro de las mismas, y la financian en creciendo con una participación adicional de 1% del IPC- en su presupuesto para el 2012, el 2% para el 3013 y un 3% para el 2014 hasta el 2019, lo que consideran irrisorio dado el aumento de la población estudiantil para las 32 universidades públicas en número de 600.000 estudiantes.
La ecuación de Universidad, Empresa- Estado, que el gobierno considera necesario que exista en la educación superior, será motivo de discusión en el congreso por la necesidad de inyectarle recursos privados a la educación superior para que estas se vuelvan auto sostenible sin comprometer la autonomía universitaria, y que su financiación, garantice el capital suficiente para la investigación en ciencia, tecnología, humanidades y así abrirse paso para innovación, registrar patentes para el mercado empresarial y con ello, allegar recursos para su crecimiento sostenible. Las universidades privadas y públicas pusieron el grito en el cielo para oponerse a la entrada de este sistema de lucro en la educación superior. ¿Tendrán razón?-sí y no.
Les asusta lo que se vive en Chile, con la revuelta estudiantil. Los costos para los chilenos de la educación superior, es alto. Le apostaron a la calidad, con estándares altos en los exámenes internacionales Pisa, superior a Brasil, Argentina y Méjico, y qué decir de los otros vecinos de América Latina. Tal vez, no planificaron, con gradualidad, en su implementación, y por ello, está haciendo aguas.
La ecuación de Universidad, Empresa- Estado, que el gobierno considera necesario que exista en la educación superior, será motivo de discusión en el congreso por la necesidad de inyectarle recursos privados a la educación superior para que estas se vuelvan auto sostenible sin comprometer la autonomía universitaria, y que su financiación, garantice el capital suficiente para la investigación en ciencia, tecnología, humanidades y así abrirse paso para innovación, registrar patentes para el mercado empresarial y con ello, allegar recursos para su crecimiento sostenible. Las universidades privadas y públicas pusieron el grito en el cielo para oponerse a la entrada de este sistema de lucro en la educación superior. ¿Tendrán razón?-sí y no.
Les asusta lo que se vive en Chile, con la revuelta estudiantil. Los costos para los chilenos de la educación superior, es alto. Le apostaron a la calidad, con estándares altos en los exámenes internacionales Pisa, superior a Brasil, Argentina y Méjico, y qué decir de los otros vecinos de América Latina. Tal vez, no planificaron, con gradualidad, en su implementación, y por ello, está haciendo aguas.
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